Rousseff conversó hasta la medianoche con Jaques Wagner, jefe de Gabinete, Ricardo Berzoini, responsable de Gobierno y el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, citó la agencia ANSA.
El encuentro fue en el Palacio de Alvorada, sede del Ejecutivo, convocado por Rousseff a poco de tener noticia de que el Ministerio Público de San Pablo (Fiscalía) solicitó la prisión preventiva de Lula, acusado de ocultar la propiedad de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá.
"Los que leyeron la denuncia de los fiscales casi les dio risa, es una denuncia totalmente inconsistente, el pedido de prisión (contra Lula) está al borde del ridículo", dijo una fuente del gobierno consultada en Brasilia, publicó hoy el diario O Globo.
En tanto Rousseff, al tomar conocimiento de la decisión judicial, suspendió la agenda prevista para anoche en Rio de Janeiro y retornó a Brasilia para analizar el cuadro de situación con sus consejeros.
La mandataria almorzó el miércoles con Lula luego de expresarle públicamente su solidaridad tras el traslado coercitivo del que fue objeto el ex mandatario el viernes pasado por parte de la Policía Federal. Posteriormente, instó a la "paz" y al diálogo a los opositores y defensores de Lula, debido al clima de tensión política imperante en el país, agravado por las acciones judiciales contra el expresidente.
En tanto, el abogado de Lula comparó los tiempos de la dictadura con la detención preventiva solicitada por la Fiscalía contra su cliente, quien afronta acusaciones de lavado de dinero y falsificación de documentos, citó la agencia EFE.
En un comunicado, el letrado Cristiano Zanin Martins acusó a la Fiscalía de buscar "amordazar a un líder político" con el fin de impedirle "manifestar sus pensamientos", tal y como sucedió en la dictadura que sufrió el país durante 21 años, "cuando fueron suspendidos todos los derechos de los ciudadanos", apuntó.
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La denuncia, que no está relacionada con el interrogatorio al que fue sometido Lula el pasado viernes, supone un paso importante en el proceso contra el ex jefe de Estado, quien actualmente es blanco de una investigación por un caso de corrupción paralelo al que busca esclarecer las irregularidades en Petrobras.
La Fiscalía de San Pablo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de San Pablo, que está a nombre de la constructora OAS y cuya propiedad ha sido negada por el ex presidente en reiteradas ocasiones.
"Claramente revela un intento de banalización de la figura de la prisión preventiva, lo que es incompatible con la responsabilidad que un miembro de la Fiscalía debe tener al ejercer sus funciones", añadió Zanin Martins al referirse a la solicitud de la acusación.
A su vez, el pedido de prisión preventiva fue tomado con cautela por parte de los principales partidos opositores, que temen una escalada de tensión social.
"Ante las circunstancias que el país vive y el aumento de la temperatura, el pedido de hecho en etapa de investigación de un ex presidente de la República parece una medida extrema. No es un momento banal y es necesario que todos tengan conciencia de la gravedad del momento", expresó el senador socialdemócrata Cássio Cunha Lima.
En declaraciones que recoge O Globo, el senador expresó que "no están presentes los fundamentos que autorizan el pedido de prisión preventiva. Vivimos un momento infrecuente en la vida nacional. Hay que tener prudencia", recomendó.
En este marco, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pidió "respeto a la dignidad" del ex presidente e hizo un llamamiento para que se garantice a Lula el derecho de defensa.
La Secretaría General de Unasur reiteró su llamado "al respeto de la dignidad y el derecho a la legítima defensa del ex presidente Lula", según un mensaje en la cuenta en Twitter del organismo.
