Este lunes se cumplen 20 años de la anulación, por parte del Congreso, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió que más de un millar de genocidas fueran condenados por los delitos cometidos durante la última dictadura militar. Es todo un hito en la historia reciente del país.
"La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue fundamental para la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy, 20 años después, hay más de 1.100 genocidas condenados y los juicios continúan", resaltó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de publicación en redes sociales.
Hace 20 años, el 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación convirtió en ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. pic.twitter.com/UqEXwvE1rs
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) August 21, 2023
El 21 de agosto de 2003 el Senado de la Nación convirtió en ley la nulidad de las las llamadas "leyes de impunidad", que habían sido puestas en vigencia a mediados de los años 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
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Las normas, aprobadas en su momento por el Congreso, impedían el juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983.
A 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad
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El 21 de agosto de 2003 el Congreso declaró nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que habían limitado el juzgamiento a los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.
La decisión de anular los alcances de ambas leyes "mostró la voluntad del gobierno que recién comenzaba y de gran parte de la dirigencia política de terminar con casi dos décadas en las que los genocidas caminaban libres por la calle y sin condena", consideró el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en una columna de opinión publicada el fin de semana en Télam.
"Hacía apenas tres meses que Néstor Kirchner había asumido la presidencia y tuvo la valentía de acompañar desde el Poder Ejecutivo el proyecto de la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh para declarar 'insanablemente nulas' las leyes 23.492 y 23.521, algo que era reclamado desde hacía varios años por los organismos de derechos humanos, los familiares y los sobrevivientes", recordó Pietragalla.
La anulación de las leyes, analizó el funcionario, fue una medida que marcó "un antes y un después" porque permitió "iniciar el camino hacia una democracia con la Memoria, la Verdad y la Justicia como uno de sus pilares".
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