El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta ante la acción del gobierno de Javier Milei y exigió medidas urgentes para revertir un "profundo retroceso" en los derechos de las mujeres y diversidades.
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Tras un flamante estudio, el organismo internacional expresó una seria preocupación por los cambios registrados desde finales de 2023, alertando sobre el desmantelamiento de políticas públicas, el cierre de instituciones clave y una reducción drástica del presupuesto destinado a la prevención y la protección de derechos esenciales.
Debilitamiento institucional
Una de las críticas más severas se concentra en el debilitamiento institucional. El Comité lamentó la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, un hecho que, según sus observaciones, ha generado una grave fragmentación en las políticas de género. A esto se suma el recorte presupuestario y operativo en mecanismos fundamentales de protección, como el Programa Acompañar, que asiste a personas en situación de violencia, y la línea 144, afectada en su financiamiento, personal y accesibilidad para mujeres con discapacidad. El organismo urgió a restablecer el financiamiento adecuado y eliminar los requisitos restrictivos impuestos a las víctimas.
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Salud sexual
En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como en la educación, la ONU advirtió sobre un menoscabo sustancial. El Comité denunció el debilitamiento en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), con recortes presupuestarios y escasa formación docente. De igual forma, alertó sobre la suspensión y el fuerte recorte que sufrió el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), ignorando los resultados positivos que el programa había arrojado. El organismo recordó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, exhortando al Estado a garantizar la continuidad y el fortalecimiento de estas políticas.
Pese a reconocer el impacto positivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la CEDAW manifestó gran preocupación por las barreras estructurales que persisten en su aplicación. La falta de insumos, la carencia de personal capacitado y equipado, y el uso "abusivo" de la objeción de conciencia se mencionaron como obstáculos que impiden el acceso real a la prestación. El Comité vinculó estas deficiencias al aumento de la mortalidad materna, especialmente aquella ligada a causas obstétricas directas, e instó a garantizar la provisión de misoprostol y mifepristona.
Misoginia y violencia
La violencia contra la mujer también fue foco de un capítulo específico, señalando un aumento en la violencia digital, incluyendo el acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas. El Comité alertó sobre las deficiencias en la implementación de la Ley Olimpia y la ausencia de protocolos de investigación. Un punto sensible fue la preocupación por el impacto diferenciado de los ataques contra mujeres políticas y periodistas, recomendando fortalecer la aplicación de la ley y establecer protocolos de respuesta rápida en coordinación con las plataformas digitales.
Reforma laboral
En cuanto al empleo, las observaciones critican el impacto regresivo de recientes reformas laborales que fueron adoptadas sin una evaluación de impacto de género. El organismo advierte que la ampliación de períodos de prueba, la flexibilización laboral y el debilitamiento de la negociación colectiva afectan de manera desproporcionada a las mujeres, con especial perjuicio para quienes asumen tareas de cuidado. Además, si bien se reconoció el avance de la Ley de Paridad en el Congreso, el Comité manifestó preocupación por la baja representación de mujeres en altos cargos del Ejecutivo, la Corte Suprema y el servicio diplomático.
Le dan tiempo a Milei
El Comité de la ONU pidió al país que, en un lapso de no más de dos años (es decir, luego de que finalice el mandato de Javier Milei), entregue información escrita y detallada sobre la implementación de recomendaciones prioritarias, como las vinculadas al acceso al aborto legal y seguro, la ESI y las políticas de prevención de violencia de género. En palabras de Amnistía Internacional, lo que está en juego es "la vida, la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de millones de mujeres y adolescentes".
