"Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú" comienza el comunicado de prensa de la Cancillería Argentina.
Castillo (53), quien asumió como presidente de Perú en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto en prisión preventiva por siete días. De ser hallado culpable de rebelión, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.
Mientras se agravan las multitudinarias protestas en el territorio peruano en reclamo de un adelanto de las elecciones para 2023, la Cancillería Argentina emitió un comunicado en el que varios países latinos confirman su apoyo al exmandatario, al que consideran "víctima de un antidemocrático hostigamiento".
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"Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención" expresa el comunicado, argumentando con lo estipulado en la convención.
Evidentemente, para los cuatro países el legítimo presidente de Perú continúa siendo Pedro Castillo: "Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
"Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial" piden los gobiernos.
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¿CÓMO?
La turbulenta situación que atraviesa Perú en los últimos días comenzó a raíz de la votación prevista por el Congreso peruano para decidir si se destituía o no al presidente por cargos de corrupción. Fue entonces cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, como medida desesperada para frustrar la votación. Este acto fue ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado por varios países y organizaciones internacionales.
Luego de aquello, asumió la presidencia Dina Baluarte, quien había sido la vicepresidenta de Castillo. Mientras tanto, Castillo llamó "usurpadora" a Boluarte y aseguró que no cederá su mandato.
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Pronto comenzaron los disturbios protagonizados por la población que se debate entre si lo sucedido fue un golpe de Estado o Castillo debería continuar su gobierno a pesar de los cargos de corrupción. Para peor, ya son cuatro los muertos a causa de las protestas y la represión.
Castillo asumió su mandato tras una secuencia extraordinaria y caótica en la que Perú tuvo cuatro presidentes desde 2016, varios de ellos acusados por corrupción. Hasta el momento, con la destitución de Castillo y la asunción de Baluarte, son seis los presidentes que no llegaron a concluir sus mandatos.
Una cuarta parte de los 33 millones de peruanos vive en la pobreza, según el Instituto de Estadísticas peruano estatal.
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