El Congreso de Brasil aprobó este martes la intervención federal de Brasilia decretada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Estado asuma las competencias de seguridad tras el asalto a la sede de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por parte de opositores bolsonaristas.
El decreto se emitió para asegurarse contra una nueva oleada de ataques a los edificios y bajo la severa sospecha de que las fuerzas de seguridad, dirigidas por aliados del expresidente Bolsonaro, no actuaron como debían para impedir el asalto.
El Senado dio luz verde a la medida decretada por Lula con el voto en contra de ocho legisladores que responden a Jair Bolsonaro, un día después del aval dado por la Cámara de los Diputados, en donde los seguidores del expresidente brasileño optaron por salir antes de la votación.
"Esa minoría antidemocrática no representa al pueblo brasileño. Esa minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie, de la fuerza y de los actos criminales", declaró el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, según informó la agencia de noticias Europa Press.
"Esa minoría extremista será identificada, investigada y responsabilizada, así como sus financiadores, organizadores y agentes públicos dolosamente omisos", agregó Pacheco, que pidió no olvidar lo que ocurrió el domingo.
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La intervención, que fue votada de forma simbólica, es decir, sin usar el panel electrónico para contar los votos, estará vigente hasta finales de enero.
"El pueblo quiere respeto por la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia", dijo el lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
En la Cámara baja la medida fue aprobada, pese a que algunos legisladores bolsonaristas, como Carla Zambelli y Bia Kicis, del Partido Liberal (PL), intentaron postergar la votación pidiendo más tiempo para analizar el decreto presidencial. Para Kicis, la decisión no estaba justificada dado que la situación en Brasilia ya estaba bajo control.
"La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado", argumentó.
Las únicas dos bancadas de Diputados que se abstuvieron de votar fueron las del PL, la formación de Bolsonaro, y los también liberales de Partido Novo, informó Folha de Sao Paulo, citado por la agencia de noticias Europa Press.
Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.
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¿CÓMO?
El día en que todo aconteció, el presidente estaba en el municipio de Araraquara, en el estado de San Pablo, supervisando los daños causados por recientes lluvias en esa localidad, cuando fue notificado del ataque civil a las sedes gubernamentales. Este es un evento sin precedentes en la historia de Brasil.
Miles de militantes bolsonaristas asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses de acampe frente a la sede del Ejército reclamando un golpe de Estado contra el Gobierno de Lula.
Una vez dentro de los tres edificios, los bolsonaristas saquearon computadoras, teléfonos y otros objetos del patrimonio público. Además, destrozaron salas de reunión, ventanales, obras de arte expuestas en distintas dependencias y robaron regalos entregados por jefes de estado, reyes, reinas y otras figuras, a las autoridades brasileñas durante visitas oficiales a lo largo del tiempo.
Tras el ataque y como consecuencia de los actos "golpistas" y "terroristas", como fueron definidos por las autoridades, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por "omisión" de sus funciones y "connivencia" con los asaltantes.
Las autoridades de Brasilia fueron ampliamente criticadas por su gestión de la crisis política y la pasividad con la que actuaron mientras tenía lugar el asalto.
Los medios de comunicación se hicieron eco de vídeos difundidos en redes sociales en los que se ve a varios policías observar impasibles como los seguidores de Bolsonaro arremetían con todo a su paso: en uno de ellos se ve a los agentes permitir que los asaltantes entraran en la sede del Congreso.
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En ese contexto, las bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Supremo que investigue los casos de congresistas en los actos antidemocráticos que se produjeron el domingo pasado.
El oficialista PT pidió a De Moraes que sea el encargado de las investigaciones, que implicarían a los diputados bolsonaristas electos Clarissa Tercio, Silvia Waiapi, Andre Fernandes y la suplente Pamela Borio.
También solicitó que los cuatro legisladores sean incluidos en investigaciones sobre los casos de las noticias falsas durante la campaña, la de las milicias digitales y el que señala directamente a Bolsonaro por vincular las vacunas contra el coronavirus con el sida.
Por su parte, el PSOL requirió que en la investigación se incluya al senador electo Magno Malta y a los diputados Ricardo Barros, Marcio 'Coronel' Tadeu, Jose Mederios y Carlos Jordy, la mayoría de ellos del PL, al tiempo que reclamó que se les retire el pasaporte y se les prohíba utilizar las redes sociales.
En paralelo a las denuncias presentadas ante el Tribunal Supremo, se alcanzaron otras a los tribunales regionales electorales y en los consejos de ética del Congreso.
Antes de que ambas formaciones hicieran oficial sus intenciones, el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, había adelantado que todos los congresistas que participaron en los actos antidemocráticos serían investigados, citando, sin nombrar directamente, a la indígena bolsonarista Silvia Waiapi.
Rodrigues es uno de los principales impulsores de una comisión especial parlamentaria para investigar lo ocurrido el domingo y el papel de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos hace ya dos semanas.
"No habrá tolerancia con el terrorismo en las calles, no habrá tolerancia con el terrorismo aquí en el Congreso. Quien no condenó los actos que ocurrieron se alía con el fascismo", zanjó Rodrigues, quien acusó a Bolsonaro de estar detrás de los hechos del domingo pasado.
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