Un preso de la Unidad Penal 37 de la localidad de Barker en el partido bonaerense de Benito Juárez murió de tuberculosis sin haber recibido el tratamiento adecuado. Así lo denunció la abogada que lo presentaba, Karina Valenti, quien la semana pasada le había advertido sobre esta posibilidad al Juzgado de Ejecución Penal N°2 de General Alvear, en relación a él y a otros cuatro internos con ese diagnóstico, alojados en el pabellón 10 de la unidad penitenciaria. Los cinco formaban parte de una "Acción Urgente" solicitada por la organización Amnistía Internacional, a raíz de un habeas corpus interpuesto por Valenti en favor de 61 privados de la libertad amenazados y castigados por denunciar violaciones a los derechos humanos.
Según consignó Tiempo Argentino, Alejandro Moreira Gonzáles tenía menos de 30 años y murió el viernes por la noche. Hacía 18 días que el Servicio Penitenciario Bonaerense, obligado por las denuncias, lo había sacado de un pabellón común por la enfermedad que padecía, pero su abogada sostiene que "lo hicieron sin atención ni los medicamentos gratuitos que el Estado provee".
Para Valenti, "la tuberculosis le reventó los órganos. Murió ahogado", y asegura que, horas antes, un médico lo revisó y dio el visto bueno.
"Es un asesinato lo que están cometiendo. Es la silla eléctrica. Ya se murió uno y se van a morir todos. Me cansé de pibes en una bolsa negra. Que tengan un poco de piedad, compasión. Les pedimos que nos den una mano, que nos ayuden. No nos queremos morir de ninguna manera acá, adentro de la cárcel. Esta batalla la vamos perdiendo. Perdimos uno. Perdimos una persona. Puede ser un hermano, un sobrino, un hijo, un papá. Esto se podría haber evitado", dice desde esa misma unidad penitenciaria Pablo Perdera Montoya, uno de los presos que encabeza el habeas corpus colectivo presentado a fines de 2015 para señalar la violencia, el maltrato a las visitas, y la falta de alimentos y atención médica hacia los internos de la Unidad 37, entre otros factores que "arriesgan su vida, profundizan las lesiones a la integridad física y violan sus derechos", según el escrito de Valenti.
La semana pasada, el juzgado recibió un documento en el que la abogada solicitaba "medidas urgentes para garantizar el resguardo de la integridad física de los enfermos" y citaba los casos de los internos Nicolás Da Silva, Gutiérrez Bahía, Gallardo Espervegil, Barragan Gravier y Moreira Gonzáles. No hubo respuesta y este último falleció.
La letrada, a quien se le prohibió el ingreso a todo establecimiento penitenciario bonaerense después de su denuncia, no sólo enciende la alarma por la situación urgente de estos presos sino por los otros internos que pudieron haber estado en contacto con ellos, además del personal del Servicio Penitenciario que se cruzan a diario y que luego sale del penal.
"Si se escapa la tuberculosis de ahí, hay una emergencia sanitaria. Si un pibe que roba un celular, va tres años preso. ¿Cómo es posible que a un profesional de la salud no le importe que un pibe se muera y que incluso pueda contagiar a la población?", se pregunta Valenti, quien insiste con el pedido de que los internos infectados sean atendidos.
El Servicio Penintenciario se mantuvo en silencio y no dio información oficial.