La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató violaciones como "el uso desproporcionado de la fuerza, desapariciones, violencia de género e irregularidades en los traslados" de detenidos en el marco de las últimas protestas en Colombia, de acuerdo con su informe presentado este miércoles tras entrevistarse con víctimas, familiares, organizaciones civiles y autoridades durante una visita en junio.
El ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recabó al menos 302 testimonios de individuos, colectivos y funcionarios en su misión de cuatro días por distintas localidades del país, motivada ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la mayoría a manos de la fuerza pública, en las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque iniciadas el 28 de abril.
"Como principales preocupaciones se identificaron el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección y denuncias de desaparición", indicó el informe presentado hoy de forma virtual.
La CIDH manifestó su consternación también "por la inconsistencia en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado y las disparidades con las de la sociedad civil", ya que mientras la Fiscalía General de la Nación registró al 5 de junio, primer día de la visita, unos 51 muertos, organizaciones civiles reportaron hasta 84 fallecidos para la misma fecha.
Al margen de las diferencias de los números, tanto las dependencias públicas pero especialmente las ONGs dieron cuenta de desaparecidos, detenciones arbitrarias y heridos, muchos de ellos con lesiones oculares, un trauma que suele ser causado por agentes policiales como ya se vio durante el accionar de los Carabineros en Chile tras el estallido social iniciado en 2019.
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"No permitan que la muerte de Sebastián y de muchos jóvenes quede impune, que se sepa la verdad y que se haga justicia", se escuchó a un padre al borde del llanto en uno de los testimonios recabados por la CIDH, extraído en un video exhibido en la conferencia de prensa en la que se presentó el informe.
"Me arruinaron la vida de verdad", señaló un joven que perdió su ojo izquierdo en historias que se repiten: "¿De qué manera nos entregan a las mamás a sus hijos sin un ojo?, ¿Cómo nos entregan a nuestros hijos muertos?", preguntó una madre desconsolada.
La CIDH concluyó que la respuesta del Estado a las protestas "se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza" y dio cuenta de la utilización "en muchos casos de la fuerza letal" con armas de fuego, y en otros no letal, pero no por eso no menos peligrosa, con "el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos o del lanzagranadas Venom".
Especialmente, el órgano apuntó contra el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la fuerza de choque de la Policía colombiana, que irrumpió "en diferentes movilizaciones, puntos de resistencia y otros eventos de concentración pacífica mediante agresiones físicas, sexuales, verbales".
"De igual forma, los testimonios recibidos refieren el empleo de canicas (bolas) de vidrio, balas o municiones de goma, así como el disparo de gases lacrimógenos o asfixiantes de manera indiscriminada, ininterrumpida y en ocasiones, directamente hacia la cabeza y tórax de los manifestantes", señaló el informe de 48 páginas.
Los grupos más afectados por la violencia policial, de acuerdo con el texto, son jóvenes, estudiantes, periodistas, pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres.
En cuanto al género, la CIDH dio cuenta de denuncias de violencia y abuso sexual realizadas por mujeres, personas LGBTIQ+ y niñas, incluyendo el caso de la joven "que habría sido abusada por varios agentes en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado" y de otra entrevistada que dijo que "recibió un disparo a quemarropa contra sus genitales".
Ante toda esta situación, el órgano realizó 40 recomendaciones al Gobierno colombiano para poner fin a la violencia y propiciar el diálogo con el Comité Nacional del Paro, el ente que nuclea a los sectores que iniciaron las marchas contra una reforma impositiva finalmente retirada y que la mantienen ahora focalizada en exigir cambios estructurales en la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia.
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Entre los cambios sugeridos está quitar a la Policía y su Esmad de la esfera del Ministerio de Defensa "a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares".
Además, pide al Gobierno "abstenerse de prohibir de manera generalizada los cortes de ruta como modalidad de protesta", algo que va en dirección contraria a lo que sostiene Duque, que culpa a los bloqueos de violencia y del estancamiento económico y, desde esa perspectiva, ya anunció un proyecto de ley llamado de "antivandalismo" para regular la movilizaciones.
En busca de que se cumplan estas recomendaciones y propiciar la paz social la Comisión anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que seguirá de cerca el avance de la situación.
