"Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei -hace casi 8 meses-, al menos 9 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva y abusiva por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión". La cita corresponde a un comunicado emitido este martes por parte de la oficina argentina de Amnistía Internacional.
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La ONG que vigila los derechos humanos alrededor del mundo se refirió en un texto extenso, y que fue enviado a la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los avances que ejerce el gobierno nacional contra las libertades públicas, el crecimiento de la censura y las represalias contra quienes emiten opiniones divergentes a las del oficialismo.
"Esto se da en el marco de la implementación de una serie de normas aprobadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación que vulneran el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, al derecho a la protesta pacífica y que desconocen los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Principalmente, el llamado “protocolo anti-piquetes", que considera a la protesta social como un delito, y el reglamento para el uso de armas menos letales", continúa Amnistía.
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En el mismo sentido la ONG apunta que "desde el 10 de diciembre de 2023 se vienen desplegando numerosas estrategias que tienen como objetivo restringir e impedir la protesta, y que envían un mensaje amenazante a quien decide reclamar a las autoridades".
"Ello se da en el marco de una narrativa de gobierno violenta y polarizante, que ataca al que piensa diferente. Las autoridades deben respetar el disenso y garantizar su libre expresión en las calles, en las redes sociales y en todos los canales disponibles”, señaló al respecto Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Según describió AI, "en las manifestaciones relevadas puede observarse el uso abusivo de la fuerza con el objeto de limitar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica (...) generando y/o aumentando situaciones de violencia que luego son más complejas de controlar".
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"Esta conducta deja como saldo numerosas personas heridas, en muchos casos con lesiones en la zona facial y ocular", completó AI.
En un apartado titulado "narrativas violentas y peligrosas para lidiar con el disenso", Amnistía completa su ponencia afirmando que "el gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por una retórica regresiva en materia de derechos humanos". Puntualizó: "Desde que inició su administración, Milei ha dirigido discursos que estigmatizan a la oposición partidista, periodistas, al movimiento feminista, las comunidades LGBTIQ++, ambientalistas, organizaciones civiles, las personas trabajadoras de la administración pública y a los derechos humanos en general. Estos mensajes son multiplicados por integrantes y simpatizantes del gobierno, especialmente en X (antes Twitter), TikTok y el entorno digital en general".
Por último, la ONG señaló que "ante estas alertas, hace unos días, la organización también envió una carta a la CIDH por el recrudecimiento de los ataques a cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación".
