El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, destacó en su exposición las tareas emprendidas por su cartera en los últimos años, en particular la asistencia a sectores vulnerables a partir de la pandemia de Covid-19, remarcando que se pudo "dar respuesta" ante un escenario social que "se tornó difícil". También habló sobre porcentajes y sumas que están previstas para el próximo presupuesto nacional respecto al ministerio que dirige.
Al exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Zabaleta sintetizó los resultados de los diferentes programas sociales y de inserción laboral, al tiempo que adelantó que en 2023 "se continuará trabajando para incentivar la contratación bajo la forma de empleo registrado" de los beneficiarios.
"El 90% del presupuesto se concentra en políticas alimentarias y de inclusión socio-laboral", remarcó, al referirse a los principales aspectos del proyecto de ley para 2023.
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Indicó, entre los principales puntos, que en el cálculo de gastos y recursos del año próximo "se prevé mantener a 4,7 millones de beneficiarios de la prestación Alimentar", y que se acompañará "a las provincias en el apoyo a 15.838 escuelas de todo el país con más de 2,5 millones de niñas y niños".
El proyecto de Presupuesto para el 2023 prevé un aumento del consumo privado estimado en un 2,2 % y la inversión en un 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.
En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $1,2 billones, a gastos sociales $18 billones, servicios económicos $4,5 billones y deuda pública $2,9 billones, lo que implica casi $29 billones.
El presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.
Otro aspecto central será la posibilidad de blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos y la construcción de proyectos inmobiliarios, así como también para la adquisición de viviendas usadas.
