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Lectura de alegatos en el juicio a la China, quien tuvo un parto en avalancha

La fecha está prevista para el próximo lunes por la mañana. La China no está sola: la acompañan organizaciones feministas y de DD. HH., que luchan por su justa absolución.

Este lunes 12 de diciembre a las 9 está prevista la lectura de los alegatos en el marco del juicio a la China, una mujer venezolana que fue víctima de la violencia judicial, que la privó de su libertad bajo el cargo de "homicidio agravado por el vínculo". Lo que le ocurrió a la China fue un evento obstétrico: lo que se conoce como "parto en avalancha".

La China estuvo detenida por dos años en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, hecho que se agrava por el hecho de que hay una ley que la respalda, la Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto para todas las personas con capacidad de gestar. Actualmente, y desde los últimos días de noviembre, la mujer se encuentra con detención domiciliaria; concedida gracias al accionar de su defensa y la presión de las organizaciones feministas y de DD. HH. que la acompañan. 

Libertad para la China: un evento obstétrico no es delito

La China tiene 43 años, es venezolana y vive en Argentina desde 2017. Tiene un historial médico que confirma la emergencia obstétrica que padeció.

Resulta que el 16 de diciembre del 2020, habiendo transcurrido una terrible noche con fuertes dolores ováricos, descartó sus sábanas en un contenedor de basura porque estaban manchadas con lo que, supuso, eran coágulos. Horas después, un hombre halló el feto envuelto en una manta en el barrio porteño de San Nicolás y dio aviso a la policía, por lo que una semana más tarde la mujer fue detenida. Recién entonces supo que lo que había expulsado no habían sido coágulos, sino un feto, la placenta y el cordón umbilical.

¿Cómo sucedió esto? Bueno, la China no estaba enterada de su embarazo y, normalmente, sus ciclos menstruales eran extremadamente dolorosos. Así lo explicó su hijo de 19 años durante la declaración en la cuarta audiencia del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 30, a cargo de los jueces Luis María Rizzi, Guillermo Enrique Friele y Marcela Mónica Rodríguez.

El joven contó que ella era "muy cerrada en los momentos en que tenía su período" (menstruación), que había atravesado en episodios anteriores "dolores muy fuertes" y pérdidas de "mucha sangre", y al ser consultado si había percibido el embarazo de su madre dijo que "para nada" ya que "todos aumentaron de peso durante la pandemia".

 

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Los primeros días, la China estuvo presa en Tribunales, puérpera y con una hemorragia por el parto sin atención médica. Ni siquiera la dejaron cambiarse la ropa interior, completamente manchada de sangre.

Los médicos que la atendieron en Venezuela confirmaron, en sus declaraciones, que presentaba enfermedades de base y que había tenido episodios similares en su país natal.

 

 

Los médicos son Edgardo José Enriquéz y Hrayr Madaghjian, quienes compartieron parte de la historia clínica de la mujer y constataron que tuvo otros episodios de emergencias obstétricas. Indicaron, además, que la China presentaba dos patologías de base: el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y la fibromatosis uterina. Esta última "pudo haber sido la causa de la muerte del feto", indicaron los expertos.

El abogado defensor de la China, Gastón Marano, expresó: "Yo me sigo preguntando cómo hace dos años que el Estado argentino tiene presa a una persona, entre rejas, con un hijo discapacitado en su casa —uno de sus hijos fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad—. Estamos hablando de una persona que no tiene ningún medio para profugarse, mucho menos para entorpecer una investigación que apenas comprende".

El caso se enturbia aún más si se tienen en cuenta los historiales de los jueces a cargo.

El juez Rizzi presenta denuncias en su contra junto a su colega Luis María Anzoátegui, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N 8, porque ordenaron investigar a médicos (a quienes llamaron "sicarios") por garantizar la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso.

De hecho, un estudio de 2020 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Universitario San Martín (CUSAM), junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reveló que en el país existen 1532 causas de aborto y 37 posibles eventos obstétricos criminalizados en diecisiete provincias. La enorme mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables

La China enfrenta el juicio acusada de "homicidio agravado por el vínculo", por lo que puede recibir una condena a prisión perpetua.

 

 

A lo largo del proceso judicial, la mujer está acompañada por distintas organizaciones, entre ellas: la Comisión Libres las Queremos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal, Mujeres x Mujeres y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

 

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