La Justicia porteña le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta informar sobre unos 100 convenios urbanísticos, es decir "excepciones al código" que rige las edificaciones de la ciudad solicitadas por empresas constructoras, que están a la espera de ser firmados por el Ejecutivo y enviados a la Legislatura para su votación.
La resolución del juez Darío Reynoso tiene fecha del lunes último y dio lugar parcialmente a una acción de amparo presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, quien preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
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Según consta en la resolución, Baldiviezo realizó varios pedidos de información sobre esos convenios el año pasado, pero el Gobierno porteño argumentó que no tienen "carácter de información pública" y que su "divulgación" podría "perjudicar" y "lesionar los intereses" de los "participantes de la convocatoria".
La "Convocatoria a Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores" fue lanzada por el Ejecutivo porteño a principios de 2021 y recibió 119 propuestas, de las cuales 10 ya fueron firmadas como convenios urbanísticos entre las empresas y el Gobierno de la Ciudad, y fueron luego aprobadas por la Legislatura de la Ciudad.
Estos convenios autorizan a las empresas construir a mayor altura que la permitida por los códigos de urbanización y de edificación vigentes, a cambio de una contraprestación económica y, en algunas ocasiones, también a cambio de una parcela de tierra privada cedida para uso público.
"El principal objetivo de los convenios urbanísticos es hacer caja política para las elecciones de 2023. Así se explica el oscurantismo alrededor del trámite de los convenios urbanísticos que llegó al extremo de que el GCBA niegue el acceso a las propuestas presentadas por las desarrolladoras", sostuvo Baldiviezo en un comunicado.
La firma de estos convenios ha generado polémica entre la población y en la Legislatura de la Ciudad por varias razones: ya sea porque afectan a barrios de casas bajas, porque hacen peligrar construcciones con valor patrimonial o elevan la densidad poblacional y por ende dificultan la correcta provisión de servicios públicos, como la energía eléctrica.
En este sentido, el abogado consideró que "la política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la ciudad y los barrios porteños". Y agregó que "la ciudadanía tiene el derecho de acceder a la información pública y formar parte del debate desde las primeras instancias".
Es que el Gobierno porteño argumentó que no brindaba información sobre los convenios porque aún están "en estudio" del Ejecutivo, según consta en la resolución judicial.
Los mayoría de los convenios que están en estudio se ubican en los barrios del centro y norte de la ciudad, con mayor concentración en Palermo y Núñez, aunque también hay en Almagro, Boedo, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Barrio Norte, Monserrat, Puerto Madero y Barracas, entre otros.
María Eva Koutsovitis, fundadora de "El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos", del cual es parte el ODC, afirmó en un comunicado que el Ejecutivo porteño "hace de las excepciones inmobiliarias para construir torres uno de los ejes arquitectónicos de su actual gobierno".
Y añadió que "no existe ninguna evaluación de los impactos sociales y ambientales de cada torre, mucho menos una evaluación acumulativa y estratégica de lo que implica esta política para la Ciudad".
