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Protocolos para los cortes: así se protesta en otros países

En muchos países existen severas normas para manifestarse, especialmente en Europa donde la represión es dura y los manifestantes pueden ser encarcelados o pagar altas multas.

El gobierno nacional -a través del Ministerio de Seguridad de la Nación- difundió ayer un nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en piquetes, cortes de rutas y protestas sociales. Al respecto, el presidente Mauricio Macri ratificó que los cortes y piquetes "tienen que ver con la prepotencia y el abuso".

"Yo les pediría que realmente entendamos que la forma de expresar los reclamos, afectando a los demás es un camino que no tiene que ver con el diálogo, sino que tiene que ver con la prepotencia, con el abuso. Y acá lo que necesitamos es reducir el nivel de conflictividad, reducir la problemática en la Argentina y encontrar espacios, donde sentarnos a trabajar juntos, para construir soluciones nuevas a viejos problemas", manifestó el Presidente.

Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio más detalles del nuevo protocolo, en el que le pedirán a la justicia que tenga una "reacción rápida". "Queremos discutir con todos los jueces y con todos los que participan. No queremos que la ciudad sea un caos todos los días. Creemos en el derecho a la protesta, pero también en el derecho de circular libremente", aseguró.

Las protestas callejeras en Europa

El país más restrictivo con el derecho a manifestación es Alemania, aunque en los últimos años han proliferado normas represivas con las protestas para controlar el orden público en varios países europeos. Berlín estableció en 2008 una serie de permisos especiales para las manifestaciones que se organicen en las franjas de seguridad que rodean las sedes de tres de los llamados "órganos constitucionales": amplias zonas cercanass a las dos Cámaras legislativas federales y el Tribunal Constitucional.

En Italia, pese a no estar prohibido por ley, la policía blinda las Cámaras durante las protestas. Mientras que la policía británica ya tiene amplios poderes para modelar o prohibir manifestaciones y las restringe particularmente en las cercanías del Parlamento. El Gobierno inglés está tramitando, además, una ley que reforzará los poderes de las autoridades locales para prevenir el vandalismo y denegar los permisos de protestas si consideran que pueden molestar a los habitantes de un barrio. Prevé también multar a los asistentes a manifestaciones ilegales, aunque cada permiso seguirá siendo analizado caso a caso.

En Francia, las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados requieren una autorización idéntica a cualquier otra protesta, aunque durante el último año han proliferado las manifestaciones a las puertas del Congreso, legales o espontáneas, en contra de la ley del matrimonio homosexual. Fueron toleradas en un principio y disueltas después.

Las primeras medidas sobre seguridad ciudadana las impuso el expresidente francés Nicolas Sarkozy, en su primera etapa de ministro de Interior entre 2002 y 2004. Fueron muy criticadas por criminalizar la pobreza. Bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, el tráfico de armas y drogas, acabó focalizado en los disturbios callejeros. Dos años después, Sarkozy amplió los poderes de la policía y la gendarmería, y llegó a penalizar las reuniones de jóvenes en las escaleras de los edificios.

Por su parte en España el pasado noviembre, un grupo de diputados socialistas españoles transmitieron su preocupación por una nueva ley de seguridad ciudadana que el Partido Popular aprobó -mediante su mayoría absoluta en el Congreso- en esta segunda mitad del año. La normativa restringe hasta límites impropios en una democracia la libertad de expresar cualquier tipo de disentimiento. A tal punto es así que en la jerga cotidiana la llaman "ley mordaza" y Pedro Sánchez, candidato a presidente por el PSOE, ha asegurado que en el caso de formar gobierno y llegar a la Moncloa, una de sus primeras medidas será derogarla.

La ley española incluye apartados que dan valor probatorio a las simples declaraciones de los agentes policiales, ponen en riesgo el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política e incluye un cúmulo de conceptos jurídicos indeterminados que llevan a la duda de qué es punible y qué no, dando lugar a un poder policial desmedido de vigilancia y control.

Además, se ha popularizado en España la palabra escrache, que nos resulta  tan familiar en Argentina (protestas de los ciudadanos ante las viviendas de representantes políticos) y estuvo marcado por un flujo incesante de mareas: la marea blanca en defensa de la sanidad pública, la verde (educación), la naranja (servicios sociales)... Una avalancha de protestas, concentraciones y manifestaciones que el Gobierno del PP atajará  con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La reforma impone elevadas multas y castigos a quienes protesten fuera del camino marcado por las autoridades. Y los expertos advierten de que bordea peligrosamente los límites que delimitan algunos derechos fundamentales.

Los escraches, la grabación y difusión de imágenes de policías en acto de servicio, las protestas sin permiso ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los tribunales en faltas administrativas "muy graves", serán multadas con hasta 600.000 euros.  Alterar el orden público con capucha o insultar a un policía en el transcurso de una manifestación será considerado falta "grave" y conllevará una sanción de 1.000 a 30.000 euros.

El presidente Mauricio Macri ratificó que los cortes y piquetes "tienen que ver con la prepotencia y el abuso. "

El gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación difundió el miércoles 17 de febrero un nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en piquetes, cortes de rutas y protestas sociales.

El presidente Mauricio Macri ratificó que los cortes y piquetes "tienen que ver con la prepotencia y el abuso. "

"Yo les pediría que realmente entendamos que la forma de expresar los reclamos, afectando a los demás es un camino que no tiene que ver con el diálogo, sino que tiene que ver con la prepotencia, con el abuso. Y acá lo que necesitamos es reducir el nivel de conflictividad, reducir la problemática en la Argentina y encontrar espacios, donde sentarnos a trabajar juntos, para construir soluciones nuevas a viejos problemas", manifestó el Presidente.

Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio más detalles del nuevo protocolo, en el que le pedirán a la justicia que tenga una "reacción rápida". "Queremos discutir con todos los jueces y con todos los que participan. No queremos que la ciudad sea un caos todos los días. Creemos en el derecho a la protesta, pero también en el derecho de circular libremente", aseguró.

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