La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno de Javier Milei ha logrado algo inédito: unificar el espanto tanto por su contenido autoritario como por su factura técnica amateur. El reciente decreto, lejos de modernizar una estructura opaca, ha sido calificado sin rodeos como un "mamarracho" que burocratiza el espionaje y valida los peores fantasmas de la persecución interna.
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Sin embargo, las críticas más feroces no provienen únicamente de los organismos de Derechos Humanos, sino de los históricos operadores del sistema, como Miguel Ángel Toma, cuyas advertencias parecen esconder, más que una preocupación republicana, el lamento de haber sido excluidos del nuevo reparto de poder.
El eje central de la crítica técnica es la decisión del Ejecutivo de recurrir a un decreto para modificar la Ley 25.520, una normativa que contaba con un amplio consenso político. Según los detractores, esta maniobra elude el debate parlamentario necesario y ratifica la percepción de que el aparato estatal se está reconfigurando para el espionaje interno.
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"Lamentablemente, el hecho de recurrir al decreto no es una buena actitud frente a lo que es una ley", afirmó Toma en diálogo con Perfil, donde argumentó que reformular el sistema de esta manera solo sirve para "darle más validez a los fantasmas que debiera aventar". La preocupación es válida, aunque resulta curioso escuchar lecciones de institucionalidad de quienes gerenciaron estos sótanos durante décadas.
La estructura propuesta por el gobierno ultra es, a todas luces, un dislate organizativo. Se han creado agencias con "autonomía funcional y tecnológica" que, en la práctica, hacen imposible un control civil efectivo y generan debates que los especialistas consideran inconsistentes.
La analogía utilizada por los críticos es letal: intentar reformar un sistema tan complejo sin el know-how adecuado es como "darle a alguien que no sabe de medicina la responsabilidad de una cirugía mayor". El resultado, advierten, no será la curación del paciente, sino un desastre organizativo que pone en riesgo la seguridad nacional al entregarle el bisturí a funcionarios sin capacidad ni conocimiento.
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La improvisación del oficialismo llega a niveles semánticos que denotan una ignorancia supina sobre la materia. El texto del decreto confunde términos básicos como "inteligencia encubierta" con "secreta", palabras que no tienen valor en la estructura teórica seria. Como bien señalan los expertos desplazados, "la inteligencia por naturaleza es secreta, no encubierta, porque protege la identidad de sus agentes y sus fuentes". Que el gobierno no distinga conceptos elementales es alarmante, pero que la crítica se centre en la semántica revela también la pedantería de una casta de inteligencia que no tolera que "aficionados" jueguen con sus juguetes.
Sin embargo, detrás de la pirotecnia verbal sobre la ineficiencia y los errores técnicos, asoma la verdadera molestia de la vieja guardia: la pérdida de influencia. Cuando se critica que el nuevo esquema "no sirve a los efectos de hacer más eficiente el sistema", lo que se está diciendo entre líneas es que la nueva estructura no los incluye. Toma agita el miedo a amenazas reales y concretas —como el narcotráfico, la trata de personas o los acuerdos militares de Bolivia con Irán para transferir tecnología— para resaltar la indefensión en la que queda el país. Menciona la entrega de "pasaportes legítimos con identidades falsas a espías rusos o iraníes" como un peligro inminente que esta nueva administración, en su torpeza, no podrá neutralizar.
Es innegable que la Argentina arrastra un historial nefasto de utilización de los servicios para el "carpetazo" y la represión social, una práctica que el kirchnerismo perfeccionó al desestructurar la inteligencia civil para montar aparatos paralelos. El problema es que este decreto de Milei, lejos de romper con esa lógica, parece querer replicarla bajo una nueva administración caótica. La advertencia sobre que se está construyendo una "estructura de control y represión social" suena verosímil en boca de cualquier analista, pero en boca de los exjefes de la SIDE, suena a advertencia mafiosa: nadie sabe hacer el trabajo sucio mejor que nosotros, y si no nos llaman, todo saldrá mal.
