El reempadronamiento de monotributistas sociales que dispuso en Ministerio de Desarrollo Humano deja sin cobertura de obras sociales a 617.626 titulares y más 585.415 adherentes, provenientes de programas sociales. De esa manera, el Gobierno intensifica sus políticas de abandono explícito a los sectores populares mientras beneficia a los sectores de mayor poder económico.
El 1 de octubre es la fecha en la que se producirá la baja de oficio de todos los que no se hayan reempadronado, y hasta ahora sólo lo hizo menos del 3%, cuando -según la actual disposición- sería necesario que lo efectúe el 85% del padrón intimado para que el sistema de salud pueda seguir funcionando. Sucede que el reempadronamiento generará un encarecimiento en el bolsillo de los monotributistas sociales.
Es decir, que los monotributistas de los programas sociales -todos obligados a reempadronarse- comenzarán a pagar 6.900 pesos por cada titular y por cada adherente, lo cual implica una profunda complicación para sus economías, porque en muchísimos casos tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia.
La titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), Noelia Villafañe, recordó en declaraciones radiales que, a través de una resolución, el reempadronamiento que exigió Pettovello en la figura del monotributo social hasta el 30 de septiembre, generará un quiebre en el sistema de salud.
Pettovelo contra los más vulnerables: el Monotributo Social será mucho más caro
La dirigente evaluó que “esto hará que la obra social que está dando cobertura sufra una caída brutal de una masa de afiliados y lo que va a terminar pasando es que se va desfinanciar la obra social y va a terminar produciéndose la cesación de pagos de esa obra social, va a tener que ser intervenida y van a quedar sin obra social todas estas personas que hoy estaban teniendo cobertura de obra social, ya sea monotributistas sociales o monotributistas comunes”, alertó Villafañe.
Borrar de la escala al monotributo social significaría la eliminación de una opción de acceso a la formalidad de la que disponen personas con muy bajos ingresos, que trabajan por su cuenta, que cada tanto necesitan emitir una factura pero que no podrían afrontar los costos de permanecer en la categoría A, que es la última.
Si esa figura impositiva desaparece, un monotributista social pasaría a pagar un aumento de más del 700 %.
Desde MARA insisten en que no se trata solamente de una medida que repercutirá en la cobertura de salud de los monotributistas de programas sociales, sino que afectará también a los monotributistas comunes porque se romperá el sistema de salud.
En principio, la titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina expresó que están pidiendo a Nación que se extienda la fecha de reempadronamiento hasta el 31 de diciembre.
La desocupación subió a 7,6% en el segundo trimestre de 2024
Solicitó formalmente una reunión con distintos funcionarios del gobierno de Milei como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Villafañe dijo que Sturzenegger cree que con esta medida se ahorrará los 6.900 pesos que hoy tiene de costo el Estado, pero lo que “no está viendo” es que si ese monotributista de programas sociales no se reempadrona, será dado de baja y será el Estado el que deberá hacerse cargo de los costos de medicación o tratamiento que pueden llegar a necesitar.
"Un monotributista social diabético hoy al Estado le cuesta 6.900 pesos y el resto lo cubre todo la obra social. Ahora, cuando esa persona pase a estar de manera clandestina y pase a trabajar en negro porque no tiene monotributo social, la medicación se la tendrá que dar el Estado. Solamente la medicación de un paciente diabético cuesta hoy 600 mil pesos por mes como mínimo. Es decir que lo que está haciendo el Estado es cambiar $6.900 por 600 mil pesos".
En tanto, el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo advirtio que perder la categoría de monotributo social tendría tres consecuencias graves:
La primera: llevaría a un aumento de la informalidad. "Porque se trata del primer escalón a la formalidad para personas que facturan cada tanto. Son personas que hacen changas, un cartonero, alguien que realiza artesanías, o que elabora algún tipo de alimentos y cada tanto se los vende a un comercio. Es una persona que no está en condiciones de pasarse a la categoría A. No se van a cambiar, se van a ir".
La segunda: las personas que están dentro del monotributo social además de anotarse para poder facturar lo hacen para acceder a una obra social. Entonces, dice Arroyo "eliminarla es dejar fuera del sistema de cobertura a gente que trabaja y vive de su trabajo".
La tercera es terminar con el efecto promocional. En general, "la persona se anota, el monotributo social le funciona por unos años, empieza a organizarse, empieza a facturar más y sube de categoría. Tiene la función de poder darle aire al que arranca. Son regímenes que existen en cualquier país del mundo con ese fin", dice el diputado.
El monotributo social permite formalizar tipos de trabajo que históricamente estuvieron invisiblizados. Posibilita tener aportes, acceder a microcréditos y programas de apoyo a pequeños emprendedores. Se trata en gran parte de mujeres y jóvenes de los sectores populares.
Un diputado del PRO circula en su auto con la patente adulterada
Según el informe de 2023 del ReNaTep, de las más de tres millones y medio de personas que están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras la Economía Popular, el 38% tienen entre 25 y 35 años.
Finalmente, la titular de Monotributistas Asociados advirtió que será la sociedad en su conjunto quien pague las consecuencias de esta mala decisión política, al tiempo que considera que Nación no tuvo en cuenta la cantidad de monotributistas sociales diabéticos, oncológicos y con discapacidad que presentan los grupos familiares de estos monotributistas sociales.
