En el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) las distribuidoras Edesur y Edenor pidieron un incremento tarifario.
El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, les advirtió que solo tendrán tarifas que sean "asequibles para los usuarios".
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Advirtió a las concesionarias que "no van a obtener la tarifa que piden" sino "la tarifa que los usuarios puedan pagar" y puntualizó que "el Estado no puede ni debe renunciar a su poder tarifario", además de señalar que "la focalización de subsidios es una tarea que le lleva ingentes esfuerzos al Estado en tiempo y recursos".
El representante de Edesur, Jorge Lemos advirtió que el déficit operativo de la firma sería de $118.600 millones si no hubiese ajuste tarifario.
Los representantes en la audiencia pública de las Defensorías del Pueblo, pusieron foco en la situación particular de Edesur, cuyo accionista ya difundió que tiene en venta las acciones de la compañía distribuidora de electricidad.
Entre los representantes de los consumidores, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), María José Lubertino, e integrante de la Comisión de Usuarios del ENRE, remarcó la oposición al "nuevo aumento de tarifas" y dijo que "en caso de suceder, no debe representar en las facturas un aumento mayor a la inflación, ni mayor a la actualización de los salarios".
El intendente del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray, afirmó que "con Edesur hay un festival de cortes" de energía eléctrica en su distrito y aseguró que "no hay inversión ni respuesta de la empresa", por lo que pidió "la revocación de la concesión y que le saquen el servicio".
Por su parte, El representante de Edenor, Federico Méndez señaló que si se aplican los ajustes tarifarios solicitados "el 80% de los usuarios residenciales" del área de cobertura de la compañía pasará a pagar una factura promedio de $ 2.757 mensuales, nivel necesario para hacer frente a un déficit operativo que, de no mediar incrementos, llegaría en todo el año a $ 205.760 millones.
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Ambos representantes destacaron que las tarifas resultantes de los aumentos requeridos seguirían estando "muy por debajo" de los servicios de televisión por cable, internet o telefonía celular.
Lemos hizo referencia a un documento de la Secretaría de Energía en el que se reconoce que la resolución de la cuestión tarifaria es "imperante" y señaló que, del total de la tarifa final del servicio, a la compañía le corresponde el 17%, en tanto el 58% se va en la atención del costo de energía y el 25% en impuestos.
