La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, deberá demostrar ante la Justicia toda la gestión realizada en relación a los comedores populares, que desde diciembre padecieron un brutal recorte en el envío de alimentos y sustento, motivo por el cual muchos tuvieron que cerrar.
La fiscal Paloma Ochoa le dio a Pettovello un plazo de 10 días hábiles para que informe en detalle qué recursos destina a las organizaciones que se encargan de llevar alimentación en los barrios populares.
En concreto, le solicitó que demuestre las acciones "concretamente adoptadas durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024 para garantizar específicamente el proceso de distribución de alimentos a comedores/merenderos, qué tipo y cantidad se repartió y a quiénes".
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La Fiscal también le exigió a Pettovello que puntualice "el detalle de los desembolsos del Proyecto PNUD" y que lo haga desde enero de 2023 hasta febrero de 2024. Busca establecer una comparación sobre como se distribuyeron los fondos de ese programa durante el último año del gobierno anterior y los primeros de este, ya con la gestión del presidente Javier Milei.
Además, pidió que se presenten todas las resoluciones de 2023 (del exMinisterio de Desarrollo Social) y hasta febrero de este año "a través de las cuales se autorizó la transferencia de dinero con destino a financiar el proceso de Acreditación Mensual de Fondos a comedores/merenderos en el marco del Programa Alimentar Comunidad".
Desde que Pettovello asumió la cartera de Capital Humano (y absorbió el ex ministerio de Desarrollo Social por orden de Milei), decidió frenar el envío de alimentos a los comedores de todo el país, con el pretexto de realizar auditorías (lo mismo que realizaron en la Dadse y frenaron por completo el envío de medicamentos oncológicos, lo cual ya se cobró la vida de 7 pacientes).
El problema es que la decisión del Gobierno no sólo atentó contra un derecho básico y el funcionamiento normal de los comedores al que asistían 4 millones de personas en todo el país, sino que la decisión fue tomada en el marco de una política de ajuste y desregulación total de precios de consumo masivo, con lo cual, no sólo afectó a los sectores más vulnerables sino que se incrementó la cantidad de familias que tuvieron que acercarse a comedores para poder alimentarse.
La denuncia fue realizada a comienzos de febrero por el dirigente social Juan Grabois, que acusó a la ministra de incumplimiento de sus deberes como funcionaria.
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En resumen, según el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (ReNaCOM) creado en 2020, hay más de 40 mil comedores inscriptos con los que podía tener convenios, pero Pettovello -auditorías poco confiables mediante- reconoció solo a 10 mil, mientras que niega la existencia de los 30 mil restantes, dejando abandonadas a millones de personas, cuya alimentación depende de esos comedores.
